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Una vez que el grueso de la nueva regulación provocada por la necesidad de ajustes derivados de la crisis sanitaria de la COVID-19 ha sido implementada, y de la que no se esperan nuevos desarrollos, salvo cambios relevantes en la situación epidemiológica que así lo requieran, el escenario para 2022 sigue su senda de alto contenido regulatorio y supervisor en el sector financiero, impulsado desde los organismos internacionales, especialmente en el ámbito comunitario.
También como consecuencia de la crisis sanitaria, se ha desarrollado en territorio europeo, y posteriormente legislado en territorio nacional, todo el paquete normativo que debe facilitar la asignación del fondo Next Generation EU, que es el fondo de recuperación europeo destinado a financiar proyectos relacionados con la transformación digital, la reindustrialización y el pacto verde para la transición energética. En este ámbito, la Entidad continuará con su implicación en la distribución y aplicación de los fondos europeos de recuperación económica en los servicios financieros ofrecidos a sus socios y socias.
En paralelo, la agenda regulatoria en el sector financiero sigue con un alto grado de producción normativa, destacando como grandes ejes los relacionados con la Agenda para el Cambio Climático, con un gran protagonismo en el ámbito de las finanzas sostenibles, la lucha contra el ciberriesgo y el cibercrimen, y en consecuencia la resiliencia operativa digital de las entidades, la solvencia y la liquidez. Esto conlleva actualizaciones de las directivas, reglamentos y legislación relacionados con los requerimientos de capital, así como nuevas iniciativas regulatorias y supervisoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Todo ello en un contexto de mayor digitalización y aparición de nuevas tecnologías, con el consecuente nuevo desarrollo de paquetes normativos de protección al inversor en entornos digitales, y de ordenación y regulación de los criptoactivos.
A continuación, se ilustran y se desarrollan los ámbitos de actuación en el entorno regulatorio que marcarán la agenda para el ejercicio 2022.
Impacto Alto Impacto Medio Impacto Bajo
A continuación, se describen las principales cuestiones que marcarán la agenda regulatoria en aquellos ámbitos de alto impacto identificados en el gráfico anterior.
Una vez publicada la taxonomía verde (en materia medioambiental), las entidades se deberán preparar para estar en condiciones de informar a partir de 2023 de las actividades elegibles y no elegibles, y a partir de 2024 de las actividades alineadas o no alineadas, según la mencionada taxonomía
Reglamento de Divulgación (SFDR). Finalmente, se publicó el informe final sobre el borrador de normas técnicas de regulación (RTS por sus siglas inglesas), que desarrolla el reglamento de divulgación sobre la información precontractual y periódica de los productos sostenibles que contribuyan a objetivos medioambientales. Dichas normas técnicas serán de aplicación a partir de 2023, y durante 2022 las entidades deberán prepararse para su divulgación.
Los organismos supervisores incluyen, dentro de sus expectativas, aquellas cuestiones relacionadas con la gestión de riesgos climáticos, su gobernanza, la medición de su materialidad, así como su integración en la estrategia y el modelo de negocio de las entidades.
En el proceso de evaluación de la idoneidad de las inversiones, y tras una modificación de la Directiva de MiFID II, las entidades deberán evaluar las preferencias en materia de sostenibilidad de sus inversiones aparte del resto de factores (conocimientos y experiencia, situación financiera, objetivos de inversión y horizonte temporal). En consecuencia, las entidades deberán adaptar sus recomendaciones o carteras al resultado de dicha evaluación.
La propuesta de Reglamento para la resiliencia operativa digital del sector financiero forma parte del paquete de medidas para finanzas digitales de la Unión Europea, que pretenden fomentar y potenciar las finanzas digitales mediante la mitigación de los riesgos derivados del uso de las TIC, lo que permitirá la innovación y competencia. Establece un marco normativo común y unificado, un alineamiento normativo que aglutina, en parte, diferentes normas y regulaciones ya existentes, al objeto de lograr una armonización regulatoria en el conjunto de la Unión Europea desde el punto de vista de los riesgos de las TIC.
En consonancia con el anterior ámbito, y para reforzar la protección al cliente en las cada vez mayores transacciones y operativas digitales, se ha publicado un paquete regulatorio denominado Quick Fix que modifica, en parte, la Directiva MiFID II al objeto de que buena parte de la información que debe suministrarse al inversor se realice por defecto en soporte digital.
Adicionalmente, cabe destacar la previsible publicación a lo largo de 2022 de las nuevas guías en formato consulta sobre evaluación de la conveniencia (emitidas tanto por la CNMV como por ESMA) al objeto de reforzar el análisis de los conocimientos y experiencia inversora en procesos de prestación de servicios de inversión distintos del asesoramiento y de la gestión discrecional de carteras.
Por último, cabe destacar que, en la misma línea que lo indicado en el apartado de finanzas sostenibles, ESMA ha emitido en formato consulta una actualización de las directrices sobre evaluación de la idoneidad (en los ámbitos de asesoramiento y gestión discrecional de carteras) al objeto de dar pautas y criterios para integrar las preferencias de sostenibilidad de los inversores en dicha evaluación.
Tras la pausa por las necesidades de adaptación a la crisis sanitaria provocada por la COVID19, se reanuda la hoja de ruta para la implementación del paquete regulatorio de Basilea IV. Para ello se han emitido propuestas de nueva regulación para actualizar la Directiva y el Reglamento de Requerimientos de Capital (CRD6 y CRR3, respectivamente), que supondrán cambios en las ponderaciones de los activos ponderados por riesgo y en el consumo de capital por riesgo operacional.
Las modificaciones planteadas en los requerimientos por riesgo de tipo de interés implicarían incluir los cambios de valoración en la cartera de las inversiones disponibles para la venta, en los escenarios del margen de interés y, por diferenciales de crédito, en la renta fija.
La Autoridad Bancaria Europea ha publicado directrices para la concesión y el seguimiento de la inversión crediticia. La aplicación de las directrices a los créditos existentes que requieran renegociación o cambios contractuales será efectiva en junio de 2022, y habrá cierta flexibilidad en su implementación en cuanto al seguimiento del crédito hasta junio de 2024.
En el ámbito de remuneraciones se han actualizado las definiciones de las personas consideradas como tomadores de riesgo, y que incluye, entre otras cuestiones, cuándo se podrá exonerar de la obligación de diferimiento y del pago en instrumentos financieros.
Adicionalmente, se han actualizado las guías para la evaluación de la idoneidad de los miembros de órganos de gobierno y personal clave al objeto de incorporar cuestiones de sostenibilidad, diversidad de género, así como el refuerzo del papel del Consejo en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
En julio de 2021, la Comisión Europea presentó un ambicioso paquete de propuestas legislativas para fortalecer las normas de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALA/CFT). El objetivo es mejorar la detección de transacciones y actividades sospechosas y cerrar algunos agujeros utilizados por los delincuentes para blanquear ganancias ilícitas o financiar actividades terroristas a través del sistema financiero. El paquete se compone de cuatro grandes propuestas legislativas:
La nueva EU AML Authority (AMLA): creación de la nueva autoridad de la UE que transformará la supervisión de AML/CFT. El objetivo principal es mejorar la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera (FIU). Será la autoridad central, así como la coordinadora de las autoridades nacionales, para garantizar que el sector privado aplique de forma correcta y coherente las normas de la UE.
Nueva regulación en AML/CFT: esta nueva regulación contendrá reglas directamente aplicables, en concreto en las áreas de diligencia debida al socio/cliente y de titularidad real. Asimismo, incluye el establecimiento de un límite de 10.000 euros en toda la UE para realizar pagos en efectivo.
6th Directive on AML/CFT: la sexta Directiva (AMLD 6) sustituirá a la actual Directiva 2015/849/UE, que contiene disposiciones que se transpondrán a la legislación nacional, como las normas sobre los supervisores nacionales y las unidades de inteligencia financiera (FIU) en los Estados miembros.
Revisión de la Regulación 2015/847/EU de transferencia de fondos con la finalidad de poder realizar una trazabilidad de los fondos de crypto-assets.
Este nuevo reglamento se espera que sea efectivo a finales de 2025, ya que la nueva AMLA (EU AML Authority) está previsto que esté operativa para 2026 (creación de la AMLA en 2024, finalizar la dotación de recursos en 2025 y en plena operatividad en 2026).
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